La praxis popular empieza a desperezarse

empujada por una desesperación que la ha llevado hasta el borde,

y sabe, aún sin saberlo,

que ante el abismo, si no hay suicidio, hay acción.[i]

En el mes de agosto de 2001 se sanciona en Argentina la Ley de Déficit Cero[ii], que plantea la reducción del gasto público, con el único y fundamental objetivo de poder cumplir a rajatabla con el pago de intereses de una deuda externa gestada a espaldas de la mayoría, con los organismos financieros internacionales. [iii]

Para aplicar esta ley fue necesario realizar un brutal ajuste a la Educación superior, colocando a las Universidades frente a tres escenarios posibles: arancelamiento, privatización o vaciamiento.

Éste es el último de una secuencia de intentos, que siguiendo los lineamientos del Banco Mundial, avanzan sobre el derecho y real posibilidad de los sectores medios y populares a acceder a la Educación superior.

Como respuesta de las comunidades universitarias, surgió en esta situación movimientos estudiantiles y docentes, por fuera de las estructuras de representación de intereses legalmente instituidas. Así es como en la mayoría de las universidades nacionales aparecen en escena agrupaciones autoconvocadas con el objetivo de resistir al avance contra la institución de la educación pública, libre y gratuita.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHO

El Derecho a la Educación, ha tenido en la historia de la Argentina un carácter fundante de la ciudadanía. La educación pública y gratuita fue planteada en nuestro país como instrumento fundamental para fomentar su desarrollo, cumpliendo la función de unificar los conocimientos nacidos de la necesidad del pueblo, como transformador de la sociedad hacia un nivel cultural y tecnológico superior para constituir una nación realmente libre. Estos principios fundamentales están plasmados en la constitución nacional (articulo 75 apartado 19) [iv]

Concebimos la ciudadanía como un “conjunto de prácticas jurídicas, económicas y culturales que definen a una persona como miembro competente de una sociedad y que tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad de derechos y que consecuentemente van configurando el flujo de recursos accesibles a distintas personas y grupos sociales”.[v]

Algunos teóricos incorporan a la noción de ciudadanía la dimensión de la responsabilidad[vi]. Zapata Barrero propone pensar en un “sentido normativo” de la ciudadanía, sugiriendo que ésta debe ir relacionada con la autonomía de la persona, la que se define como: “capacidad básica que debe ser considerada como condición necesaria para satisfacer valores democráticos como la libertad, la responsabilidad, el bien compartido, y para engendrar formas de vida, utopías particulares, sentido de la solidaridad y de la comunidad[vii]. Una ciudadanía democrática se construye a partir de la posibilidad de constitución histórica de sujetos que internalicen las dimensiones: a) formal, ser miembros de una comunidad política; b) sustantiva, saberse portadores de derechos individuales civiles, políticos, sociales; y c) normativa, tener capacidad de autonomía. Esta última dimensión es la que diferencia el ejercicio de la ciudadanía en regímenes democráticos de los que no lo son.

Esta propuesta, en definitiva, incorpora a la noción de ciudadanía el componente de la acción. Esto supone un sujeto que ejerce las capacidades que definen al actor. Sin embargo, en las sociedades de mercado, en las que los ciudadanos devienen consumidores, se obstruye la posibilidad de construcción de una ciudadanía democrática. Esta exclusión de la escena constituye a los sujetos, en meros agentes receptores de políticas o dicho en términos de Arendt[viii], en espectadores.

Finalmente, nos interesa incorporar al planteo la tensión irresuelta entre la formalización de los derechos de ciudadanía y su posibilidad de ejercicio, es decir entre titularidades y provisiones. Siguiendo a Dahrendorf[ix], entendemos el concepto de titularidad como la relación entre la persona y el bien de consumo cuyo acceso y control está legitimado, y el de provisión como el bien material o inmaterial que constituyen las opciones reales sobre las que se ejerce la titularidad. Creemos que esta tensión se plantea principalmente en la efectivización de la ciudadanía social, pero no es exclusiva de este ámbito.

Frente a la educación superior, la política neoliberal y el actual contexto económico-social, dan cuenta de un doble proceso: por un lado un quiebre en el sistema de provisiones ocasionado por la retirada del estado como proveedor; y por otro el debilitamiento de la titularidad en el orden de las representaciones simbólicas. Respecto a este último, nos referimos a estructuras estructurantes internalizadas por los agentes a través de discursos que ganan en la lucha por imponer sentido, e instauran códigos legitimados y legitimadores de un orden simbólico. La hegemonía cultural del neoliberalismo “define a la sociedad como un mero agregado de individuos que realizan sus intereses individuales. Es decir que la educación pierde su condición de derecho, para ser una mercancía cuyo acceso regula únicamente el mercado, el no-acceso deja de constituir un problema del Estado, para devenir en un problema de particulares[x].

“…voy a tener que conseguir otro trabajo para pagar el arancel…”. “…si ponen un arancel no puedo seguir estudiando…”. “…¿quién no va a poder pagar un arancel?…”[1][xi]

La construcción discursiva de la educación como privilegio la vacía de contenido, negando legitimidad a las acciones en defensa de la educación como conquista social. Esta es una enunciación que se ha extendido ampliamente aún entre aquellos que poseen la titularidad de este derecho y que, “convirtiéndose en aliados de las fuerzas económicas más brutales, condenan a quienes, al defender sus conquistas, calificadas a veces de «privilegios», defienden las conquistas alcanzadas por todos los hombres y todas las mujeres[xii]

“ en realidad, con la crisis económica que hay, acceder a la universidad es un privilegio…” “… los docentes universitarios somos unos privilegiados…”

Es posible leer entre líneas en estas enunciaciones la naturalización de las desigualdades sociales, que se encuentra contenida en una nuevarepresentación simbólica acerca de la importancia de acceder a estudios universitarios. Durante décadas, la educación superior en particular fue considerada un mecanismo de movilidad social. Este valor simbólico se ve expresado en varias consignas que se enuncian en todas las manifestaciones populares en defensa de la educación pública, libre y gratuita:

“Vamos compañeros, hay que poner un poco mas de huevos, la educación del pueblo no se vende, se defiende”

“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Este discurso en defensa de la educación como derecho, se contrapone al discurso hegemónico que haciendo uso de la violencia simbólica[xiii] logra imponer en los dominados una representación de la educación universitaria, como un privilegio. Esta apariencia de unanimidad constituye lo esencial de la fuerza simbólica del discurso dominante.

LA EDUCACIÓN COMO MERCANCÍA

El mercado actúa naturalmente como negador de todo espacio público, ya que pone el acento en el desarrollo del interés económico individual y en el libre juego de las fuerzas económicas, y de esta manera “desgasta los vínculos sociales con la sociedad y socava la pertenencia de las instituciones del Estado para asuntos colectivos”. [xiv]

La crisis de acumulación y la política de desorden financiero, facilitaron el movimiento hacia la utopía neoliberal de un mercado puro y perfecto[xv] que basa su principal éxito en la destrucción metódica del debate público de las ideas y la reclusión en lo individual.

Esta lógica tiende a desintegrar lo colectivo, dejando al hombre librado a sus propias fuerzas quitándole la posibilidad de encontrar su identidad a partir de lo social. El mercado fija las reglas de juego y excluye a quien no las respeta.

El discurso dominante pretende enterrar cuanto antes el Estado social, y, entre otras cosas, sus dispendiosas políticas sociales y culturales, para tranquilizar a los inversionistas, que preferirían ocuparse ellos mismos de sus inversiones culturales.

Los objetivos solidarios que sustentaban la acción de sindicatos, asociaciones, cooperativas, son corroídos por la instalación de un discurso que impone como valor primordial la competencia individual, lo cual conlleva una lógica de fragmentación, impidiendo la creación de un entramado capaz de sostener los intereses comunes por encima de los intereses privados.

Esto se ve claramente en los distintos objetivos que guían la protesta en los diferentes claustros universitarios y aún dentro de los mismos. Ante un reclamo de defensa de la educación pública, libre y gratuita, que constituye un interés universal, los docentes y empleados universitarios le dan prioridad a la lucha sectorial por la recomposición salarial, y los estudiantes, en su mayoría, sólo piensan en poder terminar de cursar las materias y rendirlas. Si bien hay un contradiscurso que dio lugar en esta coyuntura a algunas prácticas que hemos expuesto, evidentemente el discurso dominante es el de resguardar las conquistas individuales desde el espacio privado.

El espacio público queda reducido drásticamente y “se quiebra el diálogo como instancia pacífica de re-conocimiento y de interacción”[xvi]

“…ya que la gente no quiere, o no puede venir a las asambleas, mociono que se realicen consultas por e-mail, para definir la duración y modalidad del paro…”

La productividad y la competitividad se han impuesto como el fin último y único de las acciones humanas; se ha establecido una línea divisoria entre lo económico y lo social. Todo ello ha contribuido a la debilidad de las instituciones que en la actualidad están desmanteladas, deslegitimadas por el discurso oficial, atravesadas por prácticas de lo privado, de lo mercantil, lo que acarrea en su seno el desconcierto y la incapacidad para reaccionar.

Se asiste a lo que Pierre Bourdieu define como “neodarwinismo social”: son “los mejores y los más brillantes” los que triunfan, se concibe a la inteligencia como un don divino, negando el papel decisivo de las desigualdades sociales en el acceso al conocimiento que el modelo requiere como condición para la inclusión.[xvii]

Esta situación se ve acentuada en las sociedades con pocos recursos ya que la regulación exclusiva por parte del mercado tiende a acentuar aún más los extremos, produciendo una gran masa de excluidos. La situación económica es cada vez peor y se convierte en una amenaza constante que ejerce un fuerte control social sobre los individuos. La posibilidad de arancelamiento de la educación, la convertiría en una mercancía a la cual cada vez menos individuos podrían acceder, negándoles, como ya expusiéramos, la posibilidad objetiva y simbólica de ser portadores de derechos y restringiendo su ciudadanía social.

LA REPRESENTACION SINDICAL DOCENTE EN CRISIS

Una nota característica de la cultura política neoliberal es la crisis de la representación. De las causas que han dado explicación a esta crisis, nos interesa –por considerar que representan el caso de los sindicatos- señalar: a) los incumplimientos programáticos de los representantes, b) la pérdida del valor de los mandatos electorales y c) el doble discurso.

En este contexto los sindicatos, grupos de representación de intereses – portadores de una cuota de poder importante en la argentina populista- evidencian una creciente debilidad manifiesta en la perdida de capacidad de movilización, de convocatoria política y credibilidad ideológica.[xviii]

Nos interesa reflexionar acerca de las estrategias de representación de intereses y su efectividad, en el ámbito de la gestión del gremio docente frente a embestida del gobierno nacional contra la institución Universidad Nacional en general y al salario[xix] de sus trabajadores en particular.

Con respecto a la demanda gremial de recomposición salarial, consideramos que está presente en el ámbito de las representaciones colectivas que la “rebelión va mucho más allá de los problemas salariales, por más que el salario pagado sea un índice inequívoco del valor concedido al trabajo y a los trabajadores correspondientes. El desprecio hacia una función queda patente por la remuneración más o menos ridícula que le es otorgada[xx]

Sin embargo, se puede observar que el sindicato[xxi] no ha logrado detentar la función de portavoz del malestar colectivo y constituirse legítimamente en representante de los intereses de sus afiliados.

Esta crisis se manifiesta a través de procesos: a) el vaciamiento de los espacios de deliberación propuestos por el gremio y el no-acatamiento de las medidas de fuerza; y b) la emergencia de movimientos de protesta autoconvocados, con estrategias de toma de decisiones particulares.

Con respecto al primero, es importante la desmovilización de importantes sectores, cuyo discurso justificante es la sensación de no estar representados por su delegado gremial.

Respecto al segundo, es notable la emergencia de acciones surgidas de agrupamientos espontáneos que asumen para su organización la modalidad de asambleas horizontales, en las que las decisiones son tomadas según las reglas de la democracia directa.

La pregunta sobre la que nos interesa reflexionar es ¿Cómo se explican estos procesos de crisis de representatividad en organizaciones cuyos mecanismos de toma de decisiones –si bien la estructura es piramidal- son altamente consultivos? Creemos poder explicar algunas de las causas de este quiebre representante-representado a partir de la tensión entre los discursos de las cúpulas gremiales, que intentan construir una representación de la realidad –en cuanto a diagnóstico y estrategias de protesta consecuentes – y las representaciones realmente instaladas en el imaginario social de las bases.

Coincidimos con Bourdieu en que “el objetivo de la lucha es un objeto de lucha: en todo momento se produce una lucha para decir si es “conveniente “ o no luchar sobre tal o cual asunto. Es uno de los caminos por los que se ejerce la violencia simbólica como violencia suave y enmascarada. Habría que analizar las conveniencias colectivas, es decir, el conjunto de normas, evidentemente muy variables según las épocas y las sociedades que se imponen a los dominados en un determinado momento del tiempo y que obligan a los trabajadores a imponerse limites por una especie de afán de respetabilidad que lleva a aceptar la definición dominante de la lucha conveniente “.[xxii]

Esta tensión entre los mandatos de las asambleas de la organización de base y las resoluciones de la mesa ejecutiva de la federación que nuclea a esas organizaciones de primer grado, son interpretada como traiciones de las cúpulas, lo que genera la generación de prácticas en rebeldía a las decisiones de los representantes gremiales.

“…no estoy de acuerdo con las huelgas, por que perjudican a los alumnos”.

“…si el gremio decide huelga los docentes del departamento….. no la acataremos”

“…realicemos medidas de fuerza que no perjudiquen a nadie”.

¿Y DE AHORA EN MÁS?

Consideramos que la actual crisis que atraviesa la Educación Pública, producto de la implementación del modelo neoliberal en la Universidad Nacional, denota, en el ámbito de la Comunidad Universitaria, un proceso de crisis de participación caracterizada por:

  • a- construcción discursiva de la educación como derecho y su consecuente fragmentación de la autorrepresentación del sujeto como titular de derecho,
  • b- Crisis de representación sindical
  • c- Emergencia de movimientos autoconvocados que canalizan la protesta.

A pesar de que los modos de enfrentar esta crisis, individualismo, crisis de representación, vaciamientos de espacios deliberativos, lógica economicista, son claras expresiones de décadas de hegemonía del discurso neoliberal, emergen prácticas y discursos que cuestionan la inevitabilidad del mismo.

La incógnita es si este discurso emergente logrará, en el campo de la cultura política ganar en la lucha por otorgar sentidos e instalar nuevas representaciones que modifiquen las antiguas prácticas.

No estamos en condiciones de predecir el escenario futuro respecto a las prácticas de participación en el marco de los movimientos de defensa o conquista de derechos, pero sí estamos seguras, como expresa Gruner: “…que ya no estamos en los malditos noventa. Que el poder mundial ya no es tan irresistiblemente impune, que ya no goza del consenso férreo, de la dureza de sus murallas tan sólidamente levantadas sobre los escombros de las otras que cayeron[xxiii]

* Docentes e Investigadoras. Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales. Proyecto de Investigación “Régimen Político y cultura Política”

[i] GRUNER, Eduardo: “El cero y el infinito” www.espaciospolíticos.com.ar, 2001

[ii] A partir de la sanción de la Ley de Déficit Cero los sueldos, jubilaciones, pensiones y pagos a proveedores del Estado dependen de los ingresos tributarios. Desde julio se aplicaron descuentos del 13 por ciento, pero no se especificó cuándo dejarán de aplicarse. Cavallo sostuvo que ocurrirá cuando se acomoden las cuentas fiscales, pero según todos los pronósticos el ajuste puede profundizarse.

[iii] El objetivo político de esta “guerra” (toda guerra tiene un objetivo político, para volver a Clausewitz) no es, ni siquiera bajo su disfraz económico, el utópico “déficit cero”, sino lo que Marcelo Matellanes ha llamado la sociedad-cero. O sea: una sociedad drásticamente achicada mediante el exterminio -ya sea por hambre o por represión- y cuyo resto sobreviviente quede tan agotado, desmoralizado y aterrorizado que su única noción de “ciudadanía” sea la aspiración a que se le permita, cada dos o cuatro años, volver a votar por lo mismo indefinidamente.

[iv]Documento N° 1 de la Asamblea Universitaria Autoconvocada de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. 29 de agosto de 2001. www.fices.unsl.edu.ar

[v] KESSLER, Gabriel “Adolescencia, pobreza, ciudadanía y exclusión” en Konterllnick, Irene y Jacinto, Claudia “Adolescencia, pobreza, educación y trabajo. El desafío es hoy”. Buenos Aires. Ed. Losada. 1996

[vi] QUIROGA, Hugo “El ciudadano y la pregunta por el Estado democrático” en Revista de Estudios Sociales Nº14, Santa Fe 1998. Argentina, realiza un desarrollo acabado del tema.

[vii] ZAPATA BARRERO, Ricardo “Hacia una teoría normativa de la ciudadanía democrática” en Leviatán revista de hechos e ideas N º 59, II época, Madrid, Primavera 1995

[viii] ARENDT, Hannah. “La condición Humana” Paidós. 1993.

[ix] DAHRENDORF, Ralf ¨El Conflicto Social Moderno. Ensayo sobre la política de libertad¨ Biblioteca Mondadori, Grijalbo. Madrid. 1993.

[x] GRASSI, E; HINTZE S; NEUFELD, MR “Políticas sociales: crisis y ajuste estructural” Espacio Editorial. Bs. As 1994

[xi] Las citas en negrita corresponden a expresiones relevadas durante el proceso de resistencia a las políticas de ajuste en el ámbito de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales, en la Ciudad de Villa Mercedes.

[xii] BOURDIEU, Pierre: “Contre-féux. Propos pour servir á la résistance contre l’invasion néo-libérale” Liber-Raisons d’Agir París, 1998

[xiii] BOURDIEU, Pierre. “Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción” Ed. Anagrama. Barcelona. 1997

[xiv] PETRAS, James F., citado en Yannuzzi, María de los Ángeles “La modernización conservadora. El peronismo de los 90” Editorial Fundación Ross. Buenos Aires, 1995.

[xv] BOURDIEU, Pierre: “Contre-féux…” Ob.Cit.

[xvi] YANNUZZI, M. de los Ángeles. “La modernización conservadora…”Ob. Cit.

[xvii] BOURDIEU, Pierre: “Contre-feux…” Ob. Cit.

[xviii] FERNANDEZ, A: “La crisis sindical y reforma laboral” en Revista Sociedad Ed. Eudeba Nov. 1998. Bs. As

[xix] Vale aclarar que a fin de dar cumplimiento a la ley de déficit cero se han recortado los salarios de jubilados y trabajadores dependientes de la administración nacional, y el porcentaje de ese recorte está fijado por el nivel de recaudación logrado. Es decir que es imposible prever el monto del recorte salarial en el mes siguiente.

[xx] BOURDIEU, Pierre: “Contre-féux…” Ob.Cit.

[xxi] Hablamos de gremio y sindicato indistintamente.

[xxii] BOURDIEU, Pierre. “Cuestiones de sociología” Ed. Istmo. Madrid. 2000

[xxiii] GRUNER, Eduardo Ob.Cit.

 

María Rosa Herrera

Luisa Arias

Educación Superior: ¿derecho o mercancia? La crisis de la representatividad sindical en la Argentina

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